O ódio ao índio
matar collas, y si en el camino se les cruza alguna mujer de pollera, la golpean, la amenazan y la conminan a irse de su territorio.
En Cochabamba organizan convoyes para imponer la supremacía racial en la zona sur, donde viven las clases menesterosas, y cargar como si fuera un destacamento de caballería sobre miles de mujeres campesinas indefensas que marchan pidiendo paz. Llevan en la mano bates de beisbol, cadenas, granadas de gas, algunos exhiben armas de fuego.
La mujer es su víctima preferida, agarran a una alcaldesa de una población campesina, la humillan, la arrastran por la calle, le pegan, la orinan cuando cae al suelo, le cortan el cabello, la amenazan con lincharla y cuando se dan cuenta que son filmados deciden echarle pintura roja simbolizando lo que harán con su sangre.
En La paz sospechan de sus empleadas y no hablan cuando ellas traen la comida a la mesa, en el fondo les temen, pero también las desprecian. Más tarde salen a las calles a gritar, insultan a Evo y en él a todos estos indios que osaron construir democracia intercultural con igualdad. Cuando son muchos arrastran la wiphala, la bandera indígena, la escupen, la pisan la cortan, la queman. Es una rabia visceral que se descarga sobre este símbolo de indios al que quisieran extinguir de la tierra junto con todos los que se reconocen en ella.
El odio racial es el lenguaje político de esta clase media tradicional. De nada sirven sus títulos académicos, viajes y fe; porque al final todo se diluye ante el abolengo. En el fondo la estirpe imaginada es más fuerte y parece adherida al lenguaje espontáneo de la piel que odia, de los gestos viscerales y de su moral corrompida.
Todo explotó el domingo 20 cuando Evo Morales ganó las elecciones con más de 10 puntos de diferencia sobre el segundo, pero ya no con la inmensa ventaja de antes ni el 51 por ciento de los votos. Fue la señal que estaban esperando las fuerzas regresivas agazapadas, desde el timorato candidato opositor liberal, las fuerzas políticas ultraconservadoras, la OEA y la inefable clase media tradicional.
Evo había ganado nuevamente, pero ya no tenía 60 por ciento del electorado, y entonces estaba más débil y había que ir sobre él. El perdedor no reconoció su derrota. La OEA habló de elecciones limpias, pero de una victoria menguada y pidió segunda vuelta, aconsejando ir contra la constitución que señala que si un candidato tiene más de 40 por ciento de los votos y más de 10 puntos de diferencia sobre el segundo es el candidato electo.
Y la clase media se lanzó a la cacería de los indios. En la noche del lunes 21 se quemaron cinco de los nueve órganos electorales, incluidas papeletas de sufragio. La ciudad de Santa Cruz decretó un paro cívico que articuló a los habitantes de las zonas centrales de la ciudad, ramificándose el paro a las zonas residenciales de La Paz y Cochabamba. Y entonces se desató el terror.
Bandas paramilitares comenzaron a asediar instituciones, a quemar sedes sindicales, a incendiar los domicilios de candidatos y líderes políticos del partido de gobierno, al final hasta el propio domicilio privado del presidente sería saqueado; en otros lugares, las familias, incluidos hijos, fueron secuestrados y amenazados de ser flagelados y quemados si es que su padre ministro o dirigente sindical no renunciaba a su cargo. Se había desatado una dilatada noche de cuchillos largos y el fascismo asomaba las orejas.
Cuando las fuerzas populares movilizadas para resistir este golpe civil comenzaron a retomar el control territorial de las ciudades con la presencia de obreros, trabajadores mineros, campesinos, indígenas y pobladores urbanos y el balance de la correlación de fuerzas se estaba inclinando del lado de las fuerzas populares, vino el motín policial.
Los policías habían mostrado durante semanas una indolencia e ineptitud para proteger a la gente humilde cuando eran golpeados y perseguidos por bandas fascistoides; pero a partir del viernes, con el desconocimiento del mando civil, muchos de ellos mostrarían una extraordinaria habilidad para agredir, detener, torturar y matar a manifestantes populares.
Claro, antes había que contener a los hijos de la clase media, y supuestamente no tenían capacidad, pero ahora que se trataba de reprimir a indios revoltosos, el despliegue, prepotencia y saña represiva fue monumental. Lo mismo sucedió con las Fuerzas Armadas. Durante toda nuestra gestión de gobierno nunca permitimos que salieran a reprimir manifestaciones civiles, ni aún durante el primer golpe de Estado cívico de 2008.
Ahora, en plena convulsión y sin que alguien preguntara nada, dijeron que no tenían elementos antidisturbios, que apenas tenían 8 balas por integrante y que para hacerse presentes en la calle de manera disuasiva se requería un decreto presidencial. No obstante no dudaron en pedir-imponer al presidente Evo su renuncia, rompiendo el orden constitucional; hicieron lo posible para intentar secuestrarlo cuando se dirigía y estaba en el Chapare; y cuando se consumó el golpe, salieron a las calles a disparar miles de balas, a militarizar las ciudades, a asesinar a campesinos.
Todo sin decreto presidencial. Claro para proteger al indio se requería decreto. Para reprimir y matar indios sólo bastaba obedecer lo que el odio racial y clasista ordenaba. En cinco días ya hay más de 18 muertos y 120 heridos de bala; por supuesto, todos ellos indígenas.
La pregunta que todos debemos responder es ¿cómo es que esta clase media tradicional pudo incubar tanto odio y resentimiento hacia el pueblo llevándola a abrazar un fascismo racializado centrado en el indio como enemigo?, ¿cómo hizo para irradiar sus frustraciones de clase a la policía y Fuerzas Armadas y ser la base social de esta fascistización, de esta regresión estatal y degeneración moral?
Alvaro García Linera – Vicepresidente de Bolivia en el exilio
Ha sido el rechazo a la igualdad, es decir, el rechazo a los fundamentos mismos de una democracia sustancial.
Los pasados 14 años de gobierno, los movimientos sociales han tenido como principal característica el proceso de igualación social, reducción abrupta de la extrema pobreza (de 38 a 15 por ciento), ampliación de derechos para todos (acceso universal a la salud, a educación y a protección social), indianizacion del Estado (más de 50 por ciento de los funcionarios de la administración pública tienen una identidad indígena, nueva narrativa nacional en torno al tronco indígena), reducción de las desigualdades económicas (caída de 130 a 45 la diferencia de ingresos entre los más ricos y los más pobres), es decir, la sistemática democratización de la riqueza, del acceso a los bienes públicos, a las oportunidades y al poder estatal.
La economía ha crecido de 9 mil millones de dólares a 42 mil millones, se amplió el mercado y el ahorro interno, que ha permitido a mucha gente tener su casa propia y mejorar su actividad laboral. Pero entonces esto ha dado lugar a que en una década el porcentaje de personas de la llamada clase media, medida en ingresos
haya pasado de 35 por ciento a 60 por ciento, la mayor parte proveniente de sectores populares, indígenas.
Se trata de un proceso de democratización de los bienes sociales mediante la construcción de igualdad material, pero que inevitablemente ha llevado a una rápida devaluación de los capitales económicos, educativos y políticos poseídos por las clases medias tradicionales.
Si antes un apellido notable o el monopolio de los saberes legítimos o el conjunto de vínculos parentales propios de las clases medias tradicionales les permitía acceder a puestos en la administración pública, obtener créditos, licitaciones de obras o becas, hoy la cantidad de personas que pugnan por el mismo puesto u oportunidad no sólo se ha duplicado, reduciendo a la mitad las posibilidades de acceder a esos bienes; sino que además los arribistas
, la nueva clase media de origen popular indígena tiene un conjunto de nuevos capitales ( idioma indígena, vínculos sindicales) de mayor valor y reconocimiento estatal para pugnar por los bienes públicos disponibles.
Se trata por tanto de un desplome de lo que era característico de la sociedad colonial, la etnicidad como capital, es decir, del fundamento imaginado de la superioridad histórica de la clase media sobre las clases subalternas, porque aquí en Bolivia la clase social sólo es comprensible y se visibiliza bajo la forma de jerarquías raciales. El que los hijos de esta clase media hayan sido la fuerza de choque de la insurgencia reaccionaria es el grito violento de una nueva generación que ve cómo la herencia del apellido y la piel se desvanece ante la fuerza de la democratización de bienes.
Aunque enarbolen banderas de la democracia entendida como voto, en realidad se han sublevado contra la democracia entendida como igualación y distribución de riquezas. Por eso el desborde de odio, el derroche de violencia, porque la supremacía racial es algo que no se racionaliza; se vive como impulso primario del cuerpo, como tatuaje de la historia colonial en la piel. De ahí que el fascismo no sólo sea la expresión de una revolución fallida, sino, paradójicamente, también en sociedades poscoloniales, el éxito de una democratización material alcanzada.
Por ello no sorprende que mientras los indios recogen los cuerpos de cerca de una veintena de muertos asesinados a bala, sus victimarios materiales y morales narran que lo han hecho para salvaguardar la democracia. Pero en realidad saben que lo que han hecho es proteger el privilegio de casta y apellido.
Pero el odio racial sólo puede destruir; no es un horizonte, no es más que una primitiva venganza de una clase histórica y moralmente decadente que demuestra que detrás de cada mediocre liberal se agazapa un consumado golpista.
Fonte: La Jornada